GOBIERNO ELECRONICO
La implementación del Gobierno Electrónico aspira a integrar la información y sus aplicaciones a través de una plataforma tecnológica común, accesos simples a los datos, facilidad de operación y vistas únicas de la información institucional. Estas nuevas tecnologías, al ser flexibles, pueden compartirse independientemente del ámbito laboral donde se desempeñe el usuario y de las características de su trabajo administrativo.
Pero Gobierno Electrónico no quiere decir solamente información digitalizada y en línea al ciudadano. Tiene múltiples dimensiones e implica una serie de hitos a lograr, entre los que se destacan:
• la integración de la información y de la comunicación intergubernamental
• la promoción del desarrollo económico
• la Democracia Electrónica (e-democracy)
• las Comunidades Electrónicas (e-communities)
• la política ambiental
• el desafío de la próxima generación de Internet (Caldow, 2001).
Se debe agregar, respecto al primer punto, que el requisito de la integración de las operaciones gubernamentales, implica:
1. tanto un proceso técnico como organizacional, ambos conducidos por la visión de la experiencia del usuario
2. romper el aislamiento de los procesos interjurisdiccionales, de las estructuras organizacionales y de los sistemas de información
3. que el Gobierno debe trabajar en un ambiente digital, aprendiendo y utilizando la tecnología de Internet, lo que significa mucho más que tener un Portal5 único.
El explosivo crecimiento de la tecnología de información -a través de la potencia de las computadoras, los sistemas de información y las redes- amplía su alcance y le da un nuevo rol en las organizaciones, ya que permite rediseñarlas, transformando su estructura, alcance, mecanismos de reporte y control, prácticas y flujos de trabajo, productos y servicios. Los cambios que provoca la incorporación de TI, principalmente manifestados en los sistemas de información, son estructurales y de gran magnitud.
Los sistemas de información pueden:
• reducir el número de niveles de las organizaciones proveyendo a los gerentes información para supervisar un gran número de empleados
• independizarse del lugar físico a través de Internet, el correo electrónico y la video conferencia
• reorganizar flujos de trabajo reemplazando procesos manuales y reestructurando las empresas
• incrementar la flexibilidad de las organizaciones y su habilidad para responder a los cambios y tomar ventaja de las oportunidades
• redefinir las fronteras organizacionales creando nuevas relaciones con proveedores y clientes a partir de las tecnologías para la publicación y distribución de información
• cambiar el proceso de gerenciamiento proveyendo nuevas capacidades para planear, organizar y controlar (Laudon, 1999).
El impacto organizacional, entonces es tan importante –o más- que las consideraciones técnicas sobre la implementación de TI, ya que esta incorporación afecta también el ejercicio del poder en la organización. Debido a que las estructuras organizacionales reflejan la distribución de ese poder, los cambios estructurales pueden ser causa de inquietud y confusión en el personal. La introducción de tecnología de información, en tanto cambio de magnitud, modifica las relaciones de poder existentes.
Por esto, se debe considerar que los SI son parte de las organizaciones, donde se reflejan tanto
Un análisis de los elementos de las tecnologías se orienta hacia los servicios que las TIC deben prestar. Las tecnologías de Información y comunicación, en cuanto a servicios se refiere, se enfocan hacia dos direcciones: en primer término se orientan hacia los servicios de las tecnologías de información en sus estratos: informacionales (contenidos e información en general orientadas hacia la base de conocimiento), comunicacionales (herramientas: colaborativas y de comunicación interpersonal, interorganismos e intergubernamentales, que permita establecer comunidades de interés y conocimiento para compartir e intercambiar información del nivel de servicios informacionales), Transaccionales (a través del cual se prestan los servicios de registro de transacciones a fin de poner a disposición los trámites y servicios a la sociedad en general) y estadístico (que permite mantener una base de información histórica, estadística propiamente dicha, establecimiento de indicadores para simulaciones, análisis situacional y prospecciones; así como apoyar, sobre la base de los indicadores, el control de gestión); y en segundo término hacia los servicios de las tecnologías de comunicación (ampliado hacia la acepción de telecomunicaciones) a fin de establecer y poner a disposición redes y plataformas tecnológicas que permitan la disponibilidad para acceder a la base de conocimiento de los servicios de información.
En Venezuela existe una infraestructura de telecomunicaciones que provee servicios básicos, tanto en el sector público como en el privado, y durante años el Estado ha invertido recursos a nivel de educación superior para formar una generación de profesionales calificados que atienda este sector. Desde el punto de vista legislativo, recientemente se ha modificado la Ley de Telecomunicaciones que data de 1945 con la finalidad generar un marco adecuado para la modernización y apertura de las telecomunicaciones en el país.
No es posible decir lo mismo en lo relativo al acceso a internet, la economía digital y "la sociedad y el gobierno en línea". Si bien en Venezuela hay un camino recorrido en esta materia, teniendo el Estado en ello un papel determinante, es posible decir que es insuficiente la plataforma de existente (computadoras, redes y procesamiento electrónico de datos, telefonía móvil, satélite, anchura de banda para transmisión de voz y datos, y utilización de nuevos materiales como la fibra óptica) para impulsar la conexión en todos los ámbitos de la sociedad y que esto se revierta en beneficios sociales y económicos generalizados.
Actualmente, las TIC pueden considerarse un instrumento que promueven el progreso social de la Nación al permitir, entre otras cosas, incorporar rápidamente en el proceso de producción y seguridad social a sectores excluidos de la sociedad. Así mismo, contribuyen a promover la economía digital y fortalecer la sociedad como un todo, especialmente en lo relativo a los procesos de formación de recursos humanos. En lo que respecta al Estado, sirven de soporte para incrementar su eficiencia y eficacia y mejorar la transparencia de la Gestión Pública.
Algunos números pueden proporcionar una idea de la contribución de las TIC en todos los ámbitos de una nación: El 25% del crecimiento de la economía en USA provino del sector de tecnologías de información; El 45% de los empleos que se generen el 2003, vendrán del sector de tecnologías de información; El 6% del PIB es aportado por el sector de tecnologías de información.
Ley de Licitaciones: Establece un capítulo completo para permitir que en los procedimientos regulados por dicha ley se puedan utilizar los medios electrónicos. El objetivo del Decreto-Ley es promover la actualización tecnológica en los procesos de contratación y procura del Estado y demás entes sometidos a la Ley. Con estos preceptos se incluyen en dichos procesos todos los beneficios de los adelantos tecnológicos que permiten, además de cumplir con los principios establecidos en la Ley, el ser más ágiles, eficientes y económicos. Permite igualmente, mediante la aceptación del uso de estas herramientas llevar un control automatizado que al mismo tiempo podrían generar los indicadores y estadísticas que sean necesarias. Este Decreto-Ley también incorpora una definición de "medios electrónicos" e incorpora el principio de "no exclusión o discriminación de base tecnológica". El fin último es que los procedimientos de selección del contratista y de contratación se realicen en un ambiente totalmente electrónico.
Ley Especial sobre Delitos Informáticos:Tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos en dicha ley. Esta ley tipifica los delitos y establece penas con sus circunstancias agravantes y atenuantes y también penas accesorias, entre las clases de delitos que establece se encuentran:
Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información;
Contra la propiedad;
Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones;
Contra niños y adolescentes y;
Contra el orden económico.
Ley de Registro Público y del Notariado: El propósito de este Decreto-Ley ha sido la adaptación del ordenamiento jurídico a los cambios actuales, entre los que se encuentran la nuevas tecnologías informáticas para llegar a una automatización del sistema registral y notarial, así como unificar en un mismo texto normativo las disposiciones que regulen la actuación de los Registros Civiles y Subalternos, de los Registros Mercantiles y de las Notarías Públicas. Se considera de interés público el uso de medios tecnológicos en la función registral y notarial para que los trámites de recepción, inscripción y publicidad de los documentos sean practicados con celeridad, sin menoscabo de la seguridad jurídica. La Ley establece que los asientos registrales y la información registral emanada de los soportes electrónicos del sistema registral venezolano surtirán todos los efectos jurídicos que corresponden a los documentos públicos. Entre los principales postulados referidos a las TIC, tenemos que todos los soportes físicos del sistema registral y notarial actual se digitalizarán y se transferirán progresivamente a las bases de datos correspondientes. El proceso registral y notarial podrá ser llevado a cabo íntegramente a partir de un documento electrónico y se establece que la firma electrónica de los Registradores y Notarios tendrá la misma validez y eficacia probatoria que la ley otorga a la firma autógrafa.
Es necesario resaltar que con el ordenamiento vigente no se agotan las normas necesarias para avanzar hacia una sociedad de la información como etapa previa a una sociedad del conocimiento, por el contrario, la experiencia internacional nos indica que quedan muchos aspectos de las TIC por legislar. Como país debemos hacer un gran esfuerzo de coordinación para diseñar en forma armónica y holística el marco normativo de las tecnologías de información y comunicación atendiendo a una visión, dirección y objetivos bien definidos que gocen del mayor consenso, para ello, deben abrirse todos los debates que sean necesarios y deben participar todos los sectores, desde los especialistas hasta los usuarios, desde las cooperativas y pequeñas empresas hasta las grandes empresas, tal como lo establece nuestra Carta Magna, entendiendo siempre que bajo el concepto de nuevas tecnologías se desenvuelve un crisol de actividades que muchas veces tienen pocas cosas en común. También como parte de nuestra política latinoamericanista y mundial, nuestra legislación interna no puede estar divorciada del resto de la comunidad internacional debemos formar parte activa de los esfuerzos, tratados y convenios regionales y globales que buscan armonizar u homologar las TIC, por cuanto éste fenómeno no conoce fronteras. El reto de nuestra nación, y sobre todo de los legisladores, es la formación de ciudadanos y de un estado que pueda aprovechar racionalmente las múltiples ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías sin imponer trabas innecesarias que frenen su desarrollo.
Como suele suceder con los conceptos que aparecen y se extienden con mucha rapidez en el mundo de la gestión, no existe una definición consensuada de lo que significa el gobierno electrónico. Ello provoca que sea habitual ver referencias a actuaciones vinculadas a las nuevas tecnologías o Internet utilizando términos como gobierno electrónico, e-government, administración abierta, administración on-line, entre otros. Suele tratarse de actuaciones que presentan una serie de elementos comunes que van desde la construcción de infraestructuras, la creación de páginas web, el rediseño de procesos aplicando las TIC, ofreciendo espacios virtuales de información y participación política, entre otros. Se hace necesario, ante esta dispersión, de disponer de un marco conceptual, riguroso pero también manejable, que sea útil como instrumento para orientar i enmarcar la actuación de los gobiernos locales en el ámbito del gobierno electrónico.
Tomando estas definiciones como referente, el modelo que se plantea desde la perspectiva de la organización pública local, parte del concepto de gobierno electrónico entendido como la utilización de las tecnologías de las TIC por parte de los gobiernos locales a través de la mejora de su gestión interna, de la oferta de servicios e información y de los sistemas de intercambio e interacción con los ciudadanos y con las organizaciones públicas y privadas. Acciones a las que cabe añadir las orientadas a sentar las bases para el desarrollo de la Sociedad de la Información, tanto en lo que se refiere a la promoción de infraestructuras como a la promoción de una cultura de la información (en el tejido social pero también en la propia organización) acorde con la nueva realidad.
Siguiendo esta definición marco, se pueden identificar cuatro dimensiones básicas del gobierno electrónico:
1. La dimensión externa del gobierno electrónico se refiere a la utilización de las TIC como instrumento para prestar servicios, ofrecer información y facilitar la interacción con los ciudadanos y agentes externos a la administración local.
2. La dimensión de promoción viene a destacar las actividades orientadas a potenciar la cohesión social a través del fomento del uso de las TIC por parte de los ciudadanos, superando –o atenuando- la fractura digital, por parte de las empresas y por parte del resto de agentes sociales.
3. La dimensión de red del gobierno electrónico se refiere a la utilización de las TIC para facilitar las relaciones de las administraciones públicas locales con aquellas entidades, ya sean públicas o privadas, con las que mantienen un contacto más habitual e intenso.
4. La dimensión interna del gobierno electrónico viene a destacar el papel de las administraciones locales en la utilización de las TIC en la mejora de su funcionamiento interno, que necesariamente debería repercutir en una mayor efectividad de sus actuaciones.